Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, han defendido ante el juez Juan Carlos Peinado que no hubo ninguna extralimitación de funciones. Ambas han explicado que las labores de la asesora siempre se ciñeron a la gestión de la agenda y del equipo de seguridad de la esposa del presidente.
Gómez ha argumentado que la investigación por malversación se basa en un “favor” puntual que pidió a su asistente, algo que no excede las funciones de su cargo. De hecho, la esposa de Sánchez asegura que el trabajo de Álvarez era idéntico al de sus predecesoras, y que la designó por su confianza y por ser amigas. Por su parte, la asesora confirmó que se ocupaba de la organización de la agenda, y que los favores que hacía eran esporádicos y en calidad de amiga, sin salirse nunca de lo que establece la ley. La defensa de Begoña Gómez también ha refutado las imputaciones por tráfico de influencias y corrupción, indicando que no hay ni un solo indicio que demuestre tales delitos.
Las cartas que firmó, argumentan, son habituales en los procesos de contratación y no buscaban favorecer a ninguna empresa. Además, el otro posible delito, el de apropiación indebida, tampoco tendría cabida, ya que el término “Transformación Social Competitiva”, utilizado en sus proyectos, no estaba registrado como marca, un requisito clave para que exista dicho delito.